Recortes y Miseria

La miseria del título se refiere tanto a la miseria económica como a la miseria moral. Porque negar asistencia médica a personas que la necesitan, sean o no inmigrantes y tengan o no sus papeles en regla, constituye un recorte que merece el calificativo de miserable. Y ello, en dos sentidos. En primer lugar desde el punto de vista ético: discriminar el acceso a uno de los derechos humanos fundamentales como es el derecho a la salud por razones administrativas constituye un recorte moralmente intolerable. Pero además es miserable desde el punto de vista económico. ¿A cuánto ascenderá el ahorro resultante de este recorte? ¿Será siquiera comparable al que resultaría de eliminar organismos burocráticos inútiles, gastos de representación, coches oficiales y un largo etcétera? El coste del sistema sanitario depende de las instalaciones, el personal y los insumos. Pero el ahorro que se consiga seleccionando a algunos pacientes a los que se niegue la atención resulta irrelevante. Sobre todo teniendo en cuenta que la población inmigrante, mayoritariamente joven, no es la que más tratamientos médicos requiere. La excepción que se hace con los menores y las mujeres embarazadas reduce todavía más el supuesto ahorro que implicaría la medida.

No se trata, por supuesto, de justificar el turismo sanitario que practican algunos ciudadanos de naciones de nuestro entorno, que buscan en España una atención médica mejor que la que ofrecen sus propios países. Parece razonable, como indicó el gobierno, que en esos casos se remita la factura a sus países de origen, se consiga o no su reembolso. Pero estos casos poco tienen que ver con inmigrantes irregulares cuyas naciones de origen se desentienden de ellos y que no tienen otra opción que acudir al sistema sanitario español en caso de enfermedad. Negarles esa atención o pedirles que paguen un seguro médico que a muchos les resultaría imposible condenaría a muchos de ellos a un deterioro considerable de su salud, sobre todo en casos de enfermedades crónicas que requieren un tratamiento continuado.

Si no existen razones económicas significativas ¿cuál es la razón de este recorte? Creo que se trata de enviar a los inmigrantes un mensaje de este tenor: “como la crisis ha hecho innecesario vuestro trabajo (gracias al cual muchos empresarios disfrutaron durante los tiempos de prosperidad de mano de obra barata y sumisa) ahora debéis entender que vuestra presencia en este país ya no es tolerada. Debéis marcharos y disuadir a vuestros compatriotas de emigrar a nuestro país”.

Puede entenderse que en el sistema económico actual un país ponga condiciones a la inmigración. Como sabemos, la globalización financiera y comercial excluye la fuerza de trabajo, para la cual se establecen crecientes medidas nacionales de control, incluyendo vallas que provocarían la envidia del muro de Berlín. Pero tratándose de personas que residen ya en nuestro país, aunque su entrada haya sido administrativamente irregular, sus derechos fundamentales deben ser respetados. Y la obligación de asegurar el ejercicio de esos derechos –como el derecho al cuidado de la salud o la educación- corresponde a quien puede hacerlo, en este caso al Estado. Aun cuando no falten ejemplos en Europa en sentido contrario. Por citar un ejemplo, la Directiva del Retorno, aprobada por el Parlamento Europeo (casualmente cuando los inmigrantes comenzaron a ser innecesarios) que concede a los “sin papeles” un dudoso privilegio jurídico: son los únicos ciudadanos que pueden ser encarcelados durante un año y medio sin que se les acuse de ningún delito. (Quien dude de esto puede consultar los artículos 15 y 16 de dicha Directiva,ver PDF)

Los derechos fundamentales no pueden depender de las contingencias políticas, económicas o administrativas. La posesión o no de un documento que legalice la permanencia en un país determinado no puede convertirse en un pretexto para negar el ejercicio de derechos reconocidos por los acuerdos internacionales con carácter universal. Y así como deben reconocerse derechos jurídicos a todos los inmigrantes (como el derecho al habeas corpus o la defensa en juicio) también deben respetarse los derechos sociales básicos que el Estado esté en condiciones de proporcionar. Y el derecho a la atención médica es uno de ellos. Nuestro país ha optado por un modelo mixto de sanidad y educación, asegurando el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos gratuitos (o casi). Otros sistemas, como el modelo mayoritariamente privado de los Estados Unidos, han tenido tiempo de demostrar su ineficiencia: no solo dejan a una parte importante de la población sin atención médica de calidad sino que resultan más costosos. Aprovechar la crisis para erosionar nuestra sanidad pública, introduciendo excepciones que abren el camino a posteriores recortes y modelos distintos, constituye una medida irresponsable.

Mientras tanto, un considerable número de médicos de la sanidad pública han propuesto el ejercicio de la objeción de conciencia ante esta medida. En casos como este, en que entran en conflicto las leyes con la deontología profesional, la desobediencia civil es el único camino que les queda. Inmigrantes o no, merecen el apoyo de todos. Y nuestra defensa ante posibles sanciones.

Por Augusto Klappenbach
Filósofo



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