El Código Penal de Gallardón se ceba con los indignados

Jueces para la Democracia denuncia que hemos pasado "de un Estado social a un Estado penal". Critica que se criminalice la ocupación simbólica de bancos o la lucha contra los desahucios

El Código Penal de Gallardón se ceba con los indignados, al criminalizar actividades que hasta ahora no eran consideradas delito como la ocupación simbólica y pacífica de entidades bancarias, el encadenamiento para evitar desahucios o la convocatoria de manifestaciones vía redes sociales en determinados supuestos. Según el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, la combinación de los recortes sociales con la aprobación de la normativa penal más dura de Europa permite hablar de que España pasa de un "Estado social a un Estado penal".

Bosch llega a esa conclusión tras analizar los nuevos delitos y la agravación de las penas previstas para los tipos delictivos del capítulo de desórdenes públicos, atentados y resistencia a la autoridad. Así, subraya que se ha introducido en el Anteproyecto un nuevo artículo 557.ter, que castiga con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, a "los que, actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal".

Para el portavoz de JpD, se castigan así las ocupaciones de entidades bancarias u organismos públicos que en muchas ocasiones se hacen con carácter pacífico y reivindicativo, por lo que considera que es "abiertamente desproporcionado" sancionarlas con pena de prisión.

En la misma línea de criminalización de la actuación de ciudadanos descontentos o indignados, Bosch alude al nuevo artículo 560 bis, que sanciona a "quienes actuando individualmente, o mediante la acción concurrente de otros, interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o de los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la prestación normal del servicio", con una pena de tres meses a dos años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses.

El portavoz de la asociación progresista de jueces y magistrados afirma que son medidas "para criminalizar la protesta social", "desproporcionadas", y que no deberían estar incluidas en el Código Penal.

Bosch pone el acento también en que, tal como queda redactado el delito de atentado en el nuevo Código, "es lo bastante confuso como para que pueda entenderse incluida en él supuestos de protestas pacíficas como los encadenamientos para evitar desahucios. El artículo 550 pasa a decir: "1.- Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 2.- Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos".

Además, si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, Juez, Magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, "se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.”

También entiende Bosch que la eliminación como delito de la desobediencia leve, dejando sólo la resistencia, eleva la penalidad de esta última y considera delito, con pena de prisión para los tipos agravados, prácticamente cualquier actuación en una protesta. Cuando ya se usan medios violentos como el lanzamiento de piedras, las penas son muy elevadas y, en opinión de este jurista, se criminalizan de forma muy acentuada.

Otro aspecto criticable, en su opinión, es la ambigüedad del nuevo artículo 559 que, textualmente, considera delito "la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo". La pena es una multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

Bosch piensa que puede servir para avalar actuaciones policiales desproporcionadas como las llevadas a cabo contra los promotores del 25-S, lesionando derechos de los ciudadanos, y que a posteriori fueron archivadas por el juez Santiago Pedraz por ser poco admisibles en un Estado de Derecho.

En conclusión, el portavoz de JpD califica de tránsito del "Estado social al Estado penal" lo que pretende el nuevo Código --que incluye además la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad --, al castigar "con dureza extrema" las manifestaciones de descontento, en un país donde descienden los derechos sociales y que cuenta con una de las tasas más elevadas de Europa de número de presos por habitante.

"Tendremos el Código Penal más duro de Europa contra formas de disidencia y protesta de la ciudadanía", al tiempo que se han recortado como nunca los derechos sociales y laborales, destaca Bosch. En su opnión, los delitos de desórdenes, atentado y resistencia ya tenían respuesta suficiente en el actual Código Penal, por lo que rechaza el incremento desproporcionado que se pretende ahora por el Gobierno.

ANDRÉS MUÑIZ

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LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES, articulo de Vicenç Navarro.

El New York Times ha ido publicando una lista con nombres de españoes que tienen cuentas ocultas en Suiza. Entre ellos están Emilio Botín, Artur Mas; José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...entre otros.

Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EE.UU. y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el expresidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.

Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas; José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...). Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total. Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la exVicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, "el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que "los ricos no pagan impuestos en España". Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súperricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.

Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos -aclara el Sr. Salvador Arancibia- "...medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada". De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman "libertad de prensa".

POR: Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

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Recortes y Miseria

La miseria del título se refiere tanto a la miseria económica como a la miseria moral. Porque negar asistencia médica a personas que la necesitan, sean o no inmigrantes y tengan o no sus papeles en regla, constituye un recorte que merece el calificativo de miserable. Y ello, en dos sentidos. En primer lugar desde el punto de vista ético: discriminar el acceso a uno de los derechos humanos fundamentales como es el derecho a la salud por razones administrativas constituye un recorte moralmente intolerable. Pero además es miserable desde el punto de vista económico. ¿A cuánto ascenderá el ahorro resultante de este recorte? ¿Será siquiera comparable al que resultaría de eliminar organismos burocráticos inútiles, gastos de representación, coches oficiales y un largo etcétera? El coste del sistema sanitario depende de las instalaciones, el personal y los insumos. Pero el ahorro que se consiga seleccionando a algunos pacientes a los que se niegue la atención resulta irrelevante. Sobre todo teniendo en cuenta que la población inmigrante, mayoritariamente joven, no es la que más tratamientos médicos requiere. La excepción que se hace con los menores y las mujeres embarazadas reduce todavía más el supuesto ahorro que implicaría la medida.

No se trata, por supuesto, de justificar el turismo sanitario que practican algunos ciudadanos de naciones de nuestro entorno, que buscan en España una atención médica mejor que la que ofrecen sus propios países. Parece razonable, como indicó el gobierno, que en esos casos se remita la factura a sus países de origen, se consiga o no su reembolso. Pero estos casos poco tienen que ver con inmigrantes irregulares cuyas naciones de origen se desentienden de ellos y que no tienen otra opción que acudir al sistema sanitario español en caso de enfermedad. Negarles esa atención o pedirles que paguen un seguro médico que a muchos les resultaría imposible condenaría a muchos de ellos a un deterioro considerable de su salud, sobre todo en casos de enfermedades crónicas que requieren un tratamiento continuado.

Si no existen razones económicas significativas ¿cuál es la razón de este recorte? Creo que se trata de enviar a los inmigrantes un mensaje de este tenor: “como la crisis ha hecho innecesario vuestro trabajo (gracias al cual muchos empresarios disfrutaron durante los tiempos de prosperidad de mano de obra barata y sumisa) ahora debéis entender que vuestra presencia en este país ya no es tolerada. Debéis marcharos y disuadir a vuestros compatriotas de emigrar a nuestro país”.

Puede entenderse que en el sistema económico actual un país ponga condiciones a la inmigración. Como sabemos, la globalización financiera y comercial excluye la fuerza de trabajo, para la cual se establecen crecientes medidas nacionales de control, incluyendo vallas que provocarían la envidia del muro de Berlín. Pero tratándose de personas que residen ya en nuestro país, aunque su entrada haya sido administrativamente irregular, sus derechos fundamentales deben ser respetados. Y la obligación de asegurar el ejercicio de esos derechos –como el derecho al cuidado de la salud o la educación- corresponde a quien puede hacerlo, en este caso al Estado. Aun cuando no falten ejemplos en Europa en sentido contrario. Por citar un ejemplo, la Directiva del Retorno, aprobada por el Parlamento Europeo (casualmente cuando los inmigrantes comenzaron a ser innecesarios) que concede a los “sin papeles” un dudoso privilegio jurídico: son los únicos ciudadanos que pueden ser encarcelados durante un año y medio sin que se les acuse de ningún delito. (Quien dude de esto puede consultar los artículos 15 y 16 de dicha Directiva,ver PDF)

Los derechos fundamentales no pueden depender de las contingencias políticas, económicas o administrativas. La posesión o no de un documento que legalice la permanencia en un país determinado no puede convertirse en un pretexto para negar el ejercicio de derechos reconocidos por los acuerdos internacionales con carácter universal. Y así como deben reconocerse derechos jurídicos a todos los inmigrantes (como el derecho al habeas corpus o la defensa en juicio) también deben respetarse los derechos sociales básicos que el Estado esté en condiciones de proporcionar. Y el derecho a la atención médica es uno de ellos. Nuestro país ha optado por un modelo mixto de sanidad y educación, asegurando el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos gratuitos (o casi). Otros sistemas, como el modelo mayoritariamente privado de los Estados Unidos, han tenido tiempo de demostrar su ineficiencia: no solo dejan a una parte importante de la población sin atención médica de calidad sino que resultan más costosos. Aprovechar la crisis para erosionar nuestra sanidad pública, introduciendo excepciones que abren el camino a posteriores recortes y modelos distintos, constituye una medida irresponsable.

Mientras tanto, un considerable número de médicos de la sanidad pública han propuesto el ejercicio de la objeción de conciencia ante esta medida. En casos como este, en que entran en conflicto las leyes con la deontología profesional, la desobediencia civil es el único camino que les queda. Inmigrantes o no, merecen el apoyo de todos. Y nuestra defensa ante posibles sanciones.

Por Augusto Klappenbach
Filósofo



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VOY A HACERME NORUEGO.

Soy catalán; eso, al menos, pone en mi DNI, donde se especifica que nací en Barcelona. Mi padre era catalán, natural de Barcelona, igual que mi madre, que nació en Manresa, igual que mis hermanos, ambos barceloneses. Mi primer apellido, Mallorquí, no es balear, sino catalán, originario de Gerona; aunque no debería ser ese apellido -pues mi abuelo nunca reconoció a mi padre; Mallorquí era el apellido de mi abuela-, sino Serra, que más catalán no puede ser. Me falla el segundo apellido, del Corral, que es de origen cántabro; pero por lo demás soy más catalán que una barretina.

No obstante, cada vez que se me define como “escritor catalán” me siento extraño, como si no hablaran de mí. Porque soy el catalán menos catalán del mundo; un charnego al revés. ¿Cómo voy a sentirme catalán si me trajeron a Madrid cuando tenía un año de edad? Además, mi padre era un gran españolista que, por otro lado, le guardaba cierto rencor a Cataluña (quizá porque Cataluña no le tratara bien durante su niñez y juventud marcada por el estigma de ser “hijo natural”). Tanto es así que, aunque era bilingüe, sólo le oí hablar en catalán dos veces en mi vida. En cuanto a mi madre, no pertenecía a una rancia estirpe catalana; era hija de charnegos. Y, qué demonios, yo me he criado en Madrid, donde he vivido siempre. Así que no, no me siento catalán, aunque me gusta Cataluña y, en especial, Barcelona, una preciosa ciudad que, cuando se sacude el ombliguismo provinciano (algo que no siempre ocurre), puede ser muy cosmopolita.

Pero ahora me estoy replanteando las cosas. Si Cataluña se convirtiera en un país independiente, ¿qué pasaría conmigo? ¿Tendría que elegir entre ser catalán o español? ¿Podría tener la doble nacionalidad? ¿Debería aprender catalán, a mi años? (qué pereza, virgen santa). Y si el independentismo prospera, generando la consiguiente reacción en contra, ¿correría el peligro de ser apaleado por una falange de furibundos españolistas? Si optara por ser español, ¿sería considerado un traidor a la patria en Cataluña? Según la decisión que tomase, ¿tendría que renunciar al pa amb tomaca o, por el contrario, alimentarme sólo de botifarra amb mongetes? A mí, que la bandera española me la suda, ¿debería empezar a emocionarme la senyera? Y, sobre todo, ¿tendría que olvidar mi inquebrantable adhesión al Real Madrid para entregarme en cuerpo y alma a los colores del Barça?

Qué complicado todo, ¿verdad? Sobre todo, porque Madrid no me gusta. Antes sí que me gustaba, es cierto; durante mi niñez, cuando sólo era un pueblo grande, y allá por finales de los 70 y comienzos de los 80, cuando la ciudad reventó de optimismo y creatividad. Pero después de varias décadas de estar en manos de la derecha más cavernaria, Madrid se ha ido a la mierda, convirtiéndose en un lugar hostil y antipático. Lo cierto es que, si pudiera, me iría a vivir a otra parte. Pero, ¿a Cataluña? ¿A un Cataluña independiente? ¿A una NACIÓN, así, con mayúscula? Mmmm... creo que no, que mejor paso.

Porque, veréis, detesto el nacionalismo. El término “patria” forma parte de lo que yo denomino Grandes Palabras Peligrosas; es decir, palabras por las que la gente se mata entre sí. Y digo bien: palabras, no conceptos, porque términos como Patria, Dios o Raza no se refieren a algo claramente definido, sino a entelequias tan nebulosas que pueden adoptar la apariencia que se quiera. Son palabrería barata; pero palabrería cargada de pólvora y metralla. Además, me parece una soberana gilipollez convertir una cuestión de puro azar –haber nacido en determinado sitio- en algo básico para la existencia de quién sea. Por último, conviene recordar que en la base de todos los fascismos que son y han sido se encuentra el nacionalismo.

Y, ojo, estoy en contra de todos los nacionalismos, comenzando por el español, que es el que más he sufrido. No olvidemos que nací bajo la “Una, grande y libre”, que mira por dónde, ni era una, ni era grande, ni, por supuesto, era libre. Así que nacionalismo español, caca. Y el vasco, y el catalán, y el gallego, todos caca.

Sin embargo, es tan tentadora la idea de separarse de un país tan cutre y mal acabado como España... Dejar de ser español suena casi como una liberación. Si me dijeran que podía separarme de España para convertirme en, no sé, noruego, por ejemplo, y si me garantizaran que todos los noruegos iban a aprender español para facilitarme la comunicación, no lo dudaba ni un segundo: a Noruega de cabeza, pese al clima. Pero ¿dejar de ser español para convertirme en catalán? No me jodas, pero si es lo mismo; idéntica cagada.

Y es que eso es algo que no entienden ni los españolistas ni los catalanistas: que el eje, la esencia, la piedra angular de lo que, para bien o para mal, es España surge de la intersección entre Castilla y Cataluña. España, sin Cataluña, ya no sería España. Y Cataluña, sin España, tampoco sería Cataluña, sino un patético invento del nacionalismo. No hay dos naciones; sólo hay dos idiomas que, encima, se parecen un huevo.

Pero lo que más me cabrea es la facilidad con que mordemos el anzuelo, lo fácilmente que nos dejamos engañar. Tanto España en su conjunto como Cataluña en su autonomía sufren una profunda crisis que no solo es económica, sino también, y sobre todo, política, estructural y democrática. Hay grandes problemas que exigen ser abordados y corregidos, hay poderosas razones para que la gente se movilice con el objetivo de reformar un sistema que hace aguas por todas partes. La actual partidocracia ya no representa los intereses de los ciudadanos, sino sus propios intereses y los de una oligarquía cada vez más poderosa y rapaz. Ya no hay separación de poderes, ya no hay controles, ya no hay ni rastro de ética. Nuestro sistema político está corrupto.

¿Y qué pasa con la Generalitat? Pues que el partido que gobierna actualmente, Convergència i Unió, con el honorable Artur Mas a la cabeza, siempre ha sido conocido como el “partido del tres por ciento”, por su desmedida afición a las comisiones ilegales. Y su forma de afrontar la crisis ha consistido en hacer lo mismo que hace el PP: pegarle hachazos al estado del bienestar. Eso debería de cabrear a los catalanes, ¿no?

Pues sí, probablemente les ha cabreado, pero no importa. ¿Para qué preocuparnos por los viejos problemas si podemos dedicarnos en cuerpo y alma a crear nuevos problemas? Saquemos un conejo de la chistera: la independencia. Escucha, catalán: vas a tener tu propia patria, una patria para ti solito. Una mierda de patria, es cierto; pero tampoco es que la de antes fuese gran cosa. Lo importante es que será TU PATRIA. No puedes consentir que un gallego al frente de un gobierno español te engañe y te robe; debes exigir que quienes te engañen y te roben sean compatriotas tuyos, catalanes de pura sangre.

Y muchísimo catalanes, henchidos de amor patrio, han mordido el anzuelo y se han movilizado para exigir una solución que no soluciona nada. Y Mas ha convocado unas elecciones que ganará por aclamación, porque es un Padre de la Patria al que hay que seguir ciegamente, pese a su inclinación a quedarse con un 3% de esa patria. Y ya está; todo el mundo se ha olvidado de los verdaderos problemas y el status quo se mantiene.

Claro que, para que las cosas lleguen a este punto, ha hecho falta la inestimable colaboración de la derecha, con su visceral anticatalanismo, sus campañas de boicot al cava y sus recursos al Supremo. Una actitud de lo más adecuada para un partido de implantación nacional; adecuada para obtener votos en Castilla, claro. Y no nos olvidemos del PSOE, que parece haber olvidado que la izquierda jamás ha sido nacionalista, sino todo lo contrario: internacionalista. Pero hay que sacar votos hasta de las piedras, por supuesto.

En fin, todo está arreglado; ya hay carnaza para todos. Los catalanistas haciendo su patria, los españolistas berreando por la suya, y entre tanto la casa sin barrer y las ratas a sus anchas. Pero todos felices: ya tenemos a quién odiar, que eso une mucho.

¿Y yo, como catalanoespañol, qué voy a hacer? Pues voy a hacerme noruego, a poco que me dejen.

César Mallorquí

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