La condena no sorprende. Se veía venir desde el momento en que cualquier incalificable que se acercase al Supremo –Correa, Manos Limpias o la Falange– conseguía marcar gol contra Garzón. Las 70 páginas de la sentencia no consiguen aclarar qué pasó para que un magistrado con 22 años de laureado servicio al frente de la Audiencia Nacional se transformase de repente y por triplicado en un juez prevaricador. Por qué las mismas escuchas que avaló la Fiscalía y el juez Pedreira o que sirven para el caso Marta del Castillo son pecado capital si te apellidas Garzón.
La loable argumentación en pro del derecho de defensa –que comparto– demuestra lo obvio: que en España las escuchas aún están por legislar y que caben varias interpretaciones al respecto, como demuestran las contradictorias sentencias del Tribunal Constitucional. Es un debate jurídico interesantísimo, que algún Gobierno debería zanjar con una ley lo más garantista posible. El increíble malabarismo judicial está en condenar a un juez de prevaricar por acogerse a una de las interpretaciones sobre escuchas que avala la jurisprudencia (y la Fiscalía, y el juez que siguió con la investigación), en vez de anularlas sin más, como hasta ahora era también lo habitual.
Sherlock... buscando pistas
Acato la sentencia. La respeto y bla, bla, bla. Pero cuando el Supremo se pregunte qué pasa para que las instituciones tengan en España esta pésima valoración, que recuerden el 9 de febrero de 2012. En ese dìa algo muy frágil se rompió.
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