Como los primeros puntos que reclama son de perogrullo, puesto que quien desee trabajar en Cataluña o en cualquier otra Comunidad de España, debe cumplir la ley, algo que es exigido por la misma norma suprema que orienta nuestro ordenamiento, de la misma forma que el respeto a los valores y costumbres, en general el respeto a todos y todas y el hecho de hablar correctamente castellano o cualquiera otra de las lenguas oficiales es un mínimo exigible a los inmigrantes ¡y a los españoles! hay que decir que la ley ya recoge que el inmigrante que se quede sin trabajo deberá volver a su país si, transcurridos unos meses, no puede reincorporarse al mercado laboral, por lo que me gustaría centrarme no en el contenido del contrato en sí, sino en el fin de esa idea.
Que un partido torne su discurso político hacia extremos que rozan la xenofobia, tal y como viene haciendo el PP en Cataluña, en su incontenida búsqueda del voto más extremista, ignorante y despreciable, pero que podría ayudarles a evitar un batacazo electoral gracias a su peculiar forma de agitar la bandera de la inmigración, como si ésta fuese el origen de todos nuestros males y provocando de esa forma, una alarma social absolutamente desafortunada, es peligroso pero, además, podría llevar a ese partido a los límites de la Ley de Partidos.
Así, en la referida Ley Orgánica 6/2002, en su artículo 9 se recoge que:
“2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:
Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.”
Tomando en su sentido literal la norma, sin tratar de retorcer su sentido, es evidente que un partido que vulnere los principios democráticos, usando para ello conductas como la promoción a la exclusión de personas por razón de nacionalidad o raza (no podemos olvidar sus constantes ataques a los gitanos rumanos, por citar una de las perlas de Sánchez Camacho o el impresentable presidente del PP de Badalona, Xavier García Albiol), se ubica fuera del paraguas de la legalidad, siendo una obligación de los poderes públicos instar a su ilegalización.
Para matar al estado de derecho, no hacen falta pistolas o bombas. Las palabras, los gestos y las propuestas contrarias a los derechos humanos, al respeto a la Constitución, promoviendo actitudes xenófobas contra grupos de personas por razón de su origen, son elementos suficientes para hacernos caer en una espiral peligrosa, puesto que a partir de ahí, nadie podría saber donde se encuentra el límite a las restricciones de derechos.
Si el PP prefiere adentrarse en esas arenas movedizas que, a buen seguro, le reportarán unos miles de votos, a cambio de desmarcarse del respeto mínimo a los derechos de las personas, es su problema, pero todos debemos tener claro que jugar con un asunto que levanta tantas ampollas, bajos instintos y acaba acarreando violencia, es muy peligroso, sobre todo, porque los vientos que hoy siembra el PP, serán tempestades que achacarán a otro gobierno, intentando aparecer ellos como los bomberos que apagarán un fuego, a pesar de ser conscientes de que también fueron los pirómanos que nos llevaron a la catástrofe.
Ley del trabajo en la UE
Por la diversidad y contra las discriminaciones en el trabajo
ec.europa.eu
fuente: http://josecarlos.wordpress.com/2010/11/11/contrato-de-discriminacion/
Sherlock... buscando pistas
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